Cada palabra, cada golpe y disparo, dejaba claro que el objetivo no era dispersar ni contener, sino castigar y mandar el mensaje de que alzar la voz tiene consecuencias y que atreverse a protestar será siempre reprimido. El uso de balas no buscaba reestablecer el orden, sino reafirmar la impunidad del Estado y criminalizar el derecho a protestar y exigir justicia.

Las tres personas heridas de bala fueron atendidas en la Cruz Roja, entre desconcierto y el shock que dejó la violencia policial. Mientras tanto, aún en el Palacio Municipal, otras 8 personas permanecían privadas de su libertad, sin haber cometido delito alguno ni existir pruebas en su contra. Las autoridades justificaron su detención diciendo que las estaban “asegurando preventivamente” figura que ni siquiera existe legalmente.

Posteriormente fueron trasladadas a la Fiscalía y después al patio de Seguridad Pública, donde una y otra vez, les tomaron datos, fotografías y videos, aun cuando esa información ya había sido recabada. Todo ello formaba parte de una estrategia para intimidar, desgastar y enviar un mensaje de sometimiento, usando indebidamente los procesos institucionales para generar control y miedo.

Al mismo tiempo, en Palacio Municipal, violando las cadenas de custodia, la policía recogió todos los casquillos percutidos de sus propias armas, alterando así la escena del crimen. Con ello intentaban borrar las huellas de lo ocurrido, esconder la evidencia de su propio abuso. Y, sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién dio la orden?

Cinco años después, esa pregunta, como tantas injusticias, permanece sin respuesta, envuelta en el mismo silencio e impunidad que desde entonces envuelven el proceso de búsqueda de justicia:

Después de los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una recomendación a la Presidenta del Ayuntamiento de Benito Juárez por uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, trato cruel y otros abusos. Sin embargo, lejos de garantizar justicia, dicha recomendación terminó sirviendo para limpiar la imagen de las autoridades responsables. Quien entonces fungía como presidenta municipal dejó el cargo para contender por la gubernatura del estado, elección que finalmente ganó.

En 2022, de manera extemporánea y fuera del plazo legal, la Legislatura del Congreso declaró que la recomendación estaba cumplida, aunque en la propia página de la CDHEQROO el estatus continua registrado como “vista a la legislatura”. Este episodio no sólo representó una irregularidad administrativa sino también una nueva forma de intimidación hacia las víctimas, quienes no fueron consultadas sobre dicho procedimiento. La supuesta “disculpa pública” se redujo a una publicación en un periódico local de baja circulación, sin reconocimiento directo ni diálogo con las personas afectadas. Además, se develó una placa conmemorativa que jamás fue presentada para autorización de las víctimas, convirtiendo lo que debía ser un acto de reparación en una puesta en escena vacía, unilateral y profundamente ofensiva.

En el ámbito penal, ninguna persona fue sancionada ni enfrentó consecuencias por los hechos ocurridos. Ni un solo elemento policial, mando medio o autoridad responsable pisó la cárcel. La impunidad se mantuvo intacta, protegida por la indiferencia institucional y por un sistema que pareció más interesado en cerrar el caso que en hacer justicia.

En cuando al proceso de reparación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplió con su deber de garantizar una reparación integral, durante 4 años mantuvo a las víctimas atrapadas en un procedimiento largo, burocrático y revictimizante, lleno de amparos y recursos legales que solo prolongan el sufrimiento. Al no contar con recursos para pagar abogados, organizaciones solidarias de otros estados brindaron su apoyo, pero finalmente, después de años de desgaste, todas las víctimas aceptaron la reparación, con los mismos errores y omisiones que esta instancia había emitido desde 2021.

Aunque las autoridades han intentado deslindarse de su responsabilidad, contar la historia de lo ocurrido el 9 de noviembre de 2020 y los años posteriores, representa para las personas sobrevivientes, mucho más que un trámite. Es un acto de reparación y reconocimiento público, aunque insuficiente, que abre la puerta para restituir la dignidad, visibilizar la verdad y recuperar la memoria.

Contar desde la dignidad, la historia vivida y nombrar las violencias a las que fuimos sometidas, es un acto de justicia y resistencia, es una forma de reparar lo que el Estado se ha negado a hacer, es un paso hacia la restitución de la memoria, un gesto que transforma esta experiencia en un acto colectivo de resistencia y esperanza para abonar a la no repetición, para que nunca se olvide lo que aquí sucedió. Es un recuerdo de que nuestra historia sí importa y no puede ser silenciada.